La narrativa pública en México enfrenta otro capítulo oscuro con las revelaciones sobre Rommel Pacheco, cuya trayectoria como funcionario queda marcada por abusos, engaños y un manejo patrimonial que hoy resulta indefendible. El caso exhibe un patrón sostenido de ocultamiento, manipulación y aprovechamiento personal que rebasa lo político y afecta directamente vidas y bienes ajenos.
La historia más reveladora es la de la casa de Montecristo en Mérida, donde se muestra con claridad la relación desigual entre Pacheco y Paola Espinosa. Ella sostiene que pagó prácticamente todo, mientras él aportó apenas una fracción del enganche. Sin embargo, exigió poner el inmueble a nombre de ambos y, tras la ruptura, presionó para que ella cediera su parte por 820 mil pesos, una cifra que nunca recibió completa y que contrasta con el valor actual estimado en ocho millones.
Propiedades ocultas y un abuso sostenido
Paola describe once años de control emocional, amenazas y chantaje económico. En consecuencia, el discurso amoroso que la convenció de firmar documentos se transformó después en intimidación y advertencias legales. Además, señala que él intentó apropiarse de dos propiedades más, en Fuentes Brotantes y Tequesquitengo, ambas pagadas íntegramente por ella.
El problema patrimonial escala cuando se revisan sus inmuebles no declarados. El Registro Público revela una lista amplia y preocupante: la casa costera en San Crisanto, la propia casa de Montecristo, un terreno de más de mil metros en Cholul, una casa en San Pedro Cholul, un predio en Progreso, otra vivienda en San Esteban y otra más en el centro de Mérida. Todas pagadas de contado, lo que intensifica las dudas sobre el origen del dinero.
Rommel Pacheco: funcionario que oculta empresas y rentas
La investigación también expone empresas que Rommel Pacheco omitió deliberadamente. Entre ellas destacan Thermo Health, Rompac y Greene Corp, todas con vínculos a contratos públicos y obligadas a aparecer en sus declaraciones. A esto se suma la renta turística de varias propiedades gestionadas a través de su esposa y jamás reportada, un incumplimiento directo de la ley.
Un dato reciente muestra que, pese al escándalo, su única respuesta pública fue asegurar que sus bienes “están declarados” y que todo es “conforme a la ley”, sin ofrecer detalle alguno sobre la amplia lista de propiedades omitidas.
