La investigación publicada por Los Angeles Press presenta la liberación de Israel Vallarta como la confirmación de que el caso Florence Cassez–Israel Vallarta fue una fabricación del Estado, resultado de un montaje mediático diseñado para encubrir prácticas sistemáticas de fabricación de culpables. Aunque esta lectura se apoya en hechos documentados, no refleja con precisión el alcance ni el sentido de las resoluciones judiciales ni de los posicionamientos institucionales que rodean el caso.
Lo que sí está probado
La escenificación televisiva de la detención ocurrida en diciembre de 2005 cuenta con acreditación documental. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció irregularidades en la puesta en escena del operativo, así como violaciones al debido proceso. Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dichas violaciones afectaron el derecho a un juicio justo en el caso de Florence Cassez, lo que derivó en su liberación.
Estos hechos forman parte del registro institucional del caso. Sin embargo, no agotan ni definen por completo la complejidad jurídica ni política del expediente.
Ninguna resolución judicial ni recomendación oficial ha concluido que los secuestros denunciados fueron completamente inventados.
La existencia de irregularidades procesales no equivale jurídicamente a la inexistencia de víctimas. Por el contrario, los expedientes judiciales y las posturas institucionales posteriores, incluida la de la Fiscalía General de la República, han sostenido reiteradamente que hubo personas que se identificaron como víctimas de secuestro.
Este punto suele diluirse en narrativas que presentan el caso como una “cortina de humo” total, cuando en realidad el problema central radicó en la incapacidad del Estado para sostener un proceso penal, no en la demostración concluyente de que los hechos delictivos nunca existieron.
Cassez no es inocente
La SCJN no declaró inocente a Florence Cassez por el fondo del caso, sino que ordenó su liberación por violaciones al debido proceso. Presentar esa resolución como una absolución plena o como prueba de una invención total simplifica en exceso una decisión estrictamente procesal.
En términos legales, el caso representa un fracaso estructural del sistema de justicia, no una verdad histórica cerrada sobre la inexistencia de los delitos.
Israel Vallarta y su lectura política
La liberación de Israel Vallarta Cisneros ocurrió el 31 de julio de 2025. Una jueza federal determinó que la Fiscalía General de la República no logró acreditar su responsabilidad penal, al considerar que las pruebas presentaban irregularidades graves.
La lectura pública de esta liberación se incorporó rápidamente al discurso político del actual gobierno, particularmente en la narrativa de contraste con el pasado. Desde esa óptica, el caso Vallarta funciona como símbolo de los excesos cometidos durante la gestión del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.
Sin embargo, desde un análisis político más amplio, también resulta válido preguntarse si la liberación de Vallarta opera como recurso narrativo para reforzar el discurso de que todos los males provienen de los gobiernos anteriores, mientras se diluyen las responsabilidades del presente. No se trata de negar las fallas del pasado ni de exculpar a actores como García Luna.
En ese sentido, la liberación de Vallarta puede leerse no solo como una decisión judicial legítima, sino también como un episodio funcional al relato político de la Cuarta Transformación, que privilegia la denuncia del pasado por encima de una rendición de cuentas clara sobre lo que se ha logrado corregir en el presente.
