La transformación de la política de salud pública en México dio un paso contundente este 16 de enero con la entrada en vigor de la reforma que prohíbe la producción, venta, distribución y uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el país. Aprobada en 2025 por legisladores de Morena, esta medida ya genera fuertes repercusiones económicas, sociales y legales.
A partir de hoy, todas las actividades comerciales o personales relacionadas con estos dispositivos están sujetas a sanciones severas. La Ley General de Salud ahora contempla hasta ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA para quienes infrinjan la norma. El Diario Oficial de la Federación especifica que quedan prohibidos incluso el transporte, almacenamiento, importación y uso, incluyendo productos desechables o de un solo uso.
Impacto económico de la prohibición de vapeadores
Esta regulación representa un giro radical en la estrategia nacional de control del tabaquismo. Pero también pone contra las cuerdas a cientos de pequeños comercios y emprendimientos digitales que crecieron al calor del mercado del vapeo. La medida llega sin periodo de transición, dejando sin margen de maniobra a quienes invertían en este sector emergente.
En paralelo, expertos en salud celebran la decisión como un triunfo de la prevención. Diversos estudios señalan que los daños del vapeo pueden ser comparables a los del tabaco tradicional, especialmente entre jóvenes.
Mientras tanto, las autoridades intensifican operativos en aduanas, puntos de venta y redes sociales. Esta ofensiva sanitaria no solo redefine la legalidad del consumo, sino que abre un nuevo capítulo en la relación entre innovación comercial y regulación estatal.
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