La importación de maíz, frijoles y arroz no resolverá la crisis alimentaria que enfrenta Honduras y, por el contrario, podría profundizar los problemas que afectan a más de 1.7 millones de personas, advirtió el antropólogo e investigador independiente Mario Ardón.
El especialista sostuvo que el país necesita una política agrícola de largo plazo que fortalezca la producción local, apoye a campesinos e indígenas y reduzca la dependencia de los alimentos provenientes del extranjero.
Especialista pide fortalecer el campo en Honduras
Las declaraciones de Ardón surgieron después de que el Gobierno anunciara la importación de frijoles desde Brasil, Nicaragua y Paraguay para evitar el desabasto de este producto básico.
El investigador consideró que esa decisión representa una amenaza para los productores nacionales, ya que desincentiva la inversión en la agricultura local y dificulta el crecimiento del mercado interno.
Además, destacó que alrededor del 84 % del territorio hondureño corresponde a zonas de ladera que históricamente han sido aprovechadas por comunidades campesinas e indígenas para producir alimentos de alta calidad.
Según Ardón, el país cuenta con entre 20 y 50 microclimas capaces de sostener una amplia diversidad de cultivos, pero ese potencial continúa desaprovechado por la falta de una estrategia agrícola sostenida.
Experto reclama una política agrícola de largo plazo
El antropólogo afirmó que Honduras carece de una política agrícola integral y que las decisiones actuales responden a la improvisación más que a una planificación de largo alcance.
A su juicio, una estrategia de entre 10 y 30 años permitiría incrementar la producción para el autoconsumo, fortalecer el comercio local y mejorar la seguridad alimentaria en todo el país.
También propuso crear centros de distribución en las principales ciudades para conectar directamente a los productores con los consumidores y reducir la dependencia de las importaciones.
Un estudio reciente elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otras instituciones concluyó que la inseguridad alimentaria constituye un problema estructural que se agrava durante las crisis económicas y los fenómenos climáticos, por lo que requiere políticas públicas permanentes además de respuestas de emergencia.
