Una investigación sobre Hope Florida desató nuevas críticas después de que un gran jurado estatal concluyera que la administración del gobernador Ron DeSantis desvió indebidamente $10 millones destinados originalmente a ayudar a niños enfermos de bajos recursos.
Según el informe, los fondos terminaron en Hope Florida Foundation y posteriormente llegaron a dos comités políticos financiados con dinero de origen no divulgado. El gran jurado describió las operaciones como un “sofisticado esquema para financiar actividades políticas”, pero señaló que no pudo determinar responsabilidades individuales suficientes para presentar cargos.
Hope Florida enfrenta cuestionamientos por falta de cargos
Jack Campbell, fiscal estatal del condado de Leon, convocó al gran jurado después de que el representante republicano Alex Andrade remitiera hallazgos obtenidos durante dos audiencias de la Cámara estatal.
La decisión de cerrar la investigación sin acusaciones generó cuestionamientos entre antiguos fiscales. Sam Rabin, exfiscal estatal y federal, consideró que las autoridades tenían la obligación de identificar a los responsables después de concluir que existió una apropiación indebida.
Bruce Udolf, antiguo jefe de la unidad de corrupción pública de la Fiscalía federal en Miami, también cuestionó el alcance de las pesquisas y sostuvo que faltó una investigación exhaustiva.
Exfiscales consideran que pudieron existir delitos graves
Dave Aronberg, exfiscal estatal del condado de Palm Beach, defendió la independencia política de Campbell, aunque reconoció que su interpretación del informe apunta a posibles delitos.
Según Aronberg, quienes ordenaron transferir los recursos públicos podrían enfrentar delitos graves de primer grado por hurto mayor y conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas.
El gran jurado indicó que testigos clave afirmaron no recordar quién tomó determinadas decisiones. Rabin sostuvo que la falta de cooperación resulta habitual en investigaciones criminales y no debería impedir profundizar las pesquisas.
El caso también entró en la campaña electoral de Florida. David Jolly, candidato a gobernador contra Byron Donalds, y José Javier Rodríguez, aspirante a fiscal general contra James Uthmeier, prometieron abrir nuevas investigaciones si ganan sus respectivas elecciones.
