El Gobierno de Nayib Bukele podría liberar a cerca de la mitad de las más de 92,000 personas detenidas durante el régimen de excepción en El Salvador. El anuncio plantea una contradicción difícil de ignorar: después de cuatro años defendiendo sus capturas masivas, las autoridades ahora revisan quiénes deberían continuar encarcelados.
La decisión también abre interrogantes sobre la cantidad de personas que pudieron perder su libertad sin pruebas suficientes y sobre la responsabilidad del Estado frente a posibles detenciones arbitrarias.
La comisión de Nayib Bukele pone en duda las detenciones
El mandatario reveló que una comisión gubernamental evalúa los expedientes de los detenidos para determinar posibles liberaciones condicionales. Este mecanismo funciona al margen de las estructuras ordinarias del sistema judicial y de la Fiscalía.
Según información difundida por Ibrahim Bukele, hermano del presidente, participan jueces, fiscales, funcionarios del Ejecutivo y la primera dama, Gabriela de Bukele.
Sin embargo, las autoridades no han explicado qué criterios jurídicos utilizan ni cuánto tiempo necesitarán para revisar los casos.
La falta de transparencia resulta especialmente grave porque miles de personas llevan años encarceladas sin una resolución individual que acredite su responsabilidad.
Una política de seguridad que enfrenta sus contradicciones
Durante años, el presidente sostuvo que prácticamente todos los detenidos eran pandilleros y defendió un supuesto margen de error de apenas el 1%.
Ahora, su Gobierno contempla liberar aproximadamente al 50% de los capturados, aunque insiste en que se trataría de personas culpables con vínculos menores con las pandillas.
La explicación no resuelve una pregunta fundamental: ¿por qué permanecieron encarceladas durante años si sus casos justifican una revisión tan amplia?
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y más de 500 muertes bajo custodia estatal.
Además, abogados han cuestionado los juicios masivos por limitar las posibilidades de defensa.
La comisión anunciada por el Gobierno de Nayib Bukele podría representar el primer reconocimiento indirecto de las fallas de un sistema que priorizó las cifras de capturas sobre las garantías judiciales.
Liberar detenidos no bastaría para corregir esos abusos. También sería necesario esclarecer responsabilidades, identificar a quienes fueron encarcelados injustamente y garantizarles reparación.
