El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo que orientará a Colombia hasta 2030. El documento, titulado Colombia, la patria milagro, plantea reformas económicas, educativas y territoriales, además de una mayor participación de la religión en las políticas públicas.
El director de Planeación, Julián Buitrago, y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, entregaron al Congreso el texto de más de 400 páginas. Durante los próximos tres meses, legisladores, gremios y ciudadanos podrán presentar observaciones antes de que el Gobierno radique el proyecto oficial el 7 de febrero de 2027.
Las metas económicas del plan de Abelardo de la Espriella
La propuesta establece siete ejes denominados «milagros» y cuatro principios transversales: defensa de la vida, protección de la familia, libertad personal y seguridad.
En materia económica, el Ejecutivo plantea alcanzar un crecimiento anual del 6%, reducir la inflación al 3% y elevar la inversión al 25% del producto interno bruto (PIB). También pretende disminuir la pobreza monetaria al 20%, ocho puntos por debajo del nivel que recibió del Gobierno de Gustavo Petro.
Para conseguirlo, propone impulsar megaproyectos privados, reactivar la extracción de petróleo y gas mediante fracking y facilitar los permisos ambientales. Una de sus metas es recuperar una producción petrolera de un millón de barriles diarios para 2030.
El documento también contempla ajustes fiscales y un régimen denominado RUGE, que ofrecería estabilidad tributaria durante 16 años a nuevas grandes inversiones. Entre las medidas figura reducir el impuesto de renta empresarial del 35% al 20%.
Educación religiosa y reconstrucción de territorios
Otro componente del plan incorpora referencias bíblicas y principios judeocristianos en su propuesta educativa. El Ministerio de Educación revisaría normas, materiales y programas que, según el documento, promuevan la «ideología política, de género y la cultura de la muerte».
La Administración de Abelardo de la Espriella también busca fortalecer la descentralización y convertir el llamado Movimiento Popular en una política gubernamental dirigida a distintos sectores sociales.
El último eje contempla la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que dejó más de 300 muertos y daños equivalentes a cerca del 2.3% del PIB.
Las medidas incluyen alquileres temporales, reparación de más de 350,000 viviendas dañadas y soluciones habitacionales para quienes perdieron sus hogares.
El Fondo Milagro coordinará estas acciones bajo la dirección de Luis Felipe Henao, quien reemplazó a Jaime Andrés Uribe tras cuestionamientos sobre la gestión y los salarios del organismo.
El Congreso comenzará a discutir los artículos del proyecto cuando el Gobierno presente su versión definitiva en febrero de 2027.