El acuerdo 287 g en Miami con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas generó división política desde su aprobación en 2025. La ciudad no estaba obligada por ley a firmarlo, ya que no opera una cárcel propia, requisito clave establecido en la legislación estatal.
Pese a ello, la comisión municipal aprobó el convenio en una votación cerrada. La decisión permitió que policías locales colaboraran con funciones de control migratorio bajo supervisión federal. La medida se adoptó en medio de protestas ciudadanas y cuestionamientos legales.
El alcance del acuerdo 287 g en Miami
El estatuto estatal exige que los jefes de centros de detención participen en el programa 287(g). Sin embargo, varias ciudades sin instalaciones penitenciarias firmaron el acuerdo. En el caso de Miami, expertos advirtieron que no existía obligación directa.
Además, una demanda presentada por la ciudad de South Miami buscó aclarar si el requisito aplicaba a todos los municipios. Durante el proceso judicial, representantes estatales reconocieron que no todas las jurisdicciones están forzadas a adherirse al programa.
Por otro lado, el contexto político ha cambiado. Nuevos liderazgos municipales han expresado apertura a revisar el convenio. La alcaldía señaló públicamente que respaldaría una iniciativa para rescindirlo si la comisión la impulsa.
Impacto político y social
El debate sobre el acuerdo 287 g en Miami ocurre mientras se intensifican las políticas migratorias federales. Comunidades con estatus migratorio mixto han manifestado preocupación por posibles detenciones.
Asimismo, organizaciones civiles sostienen que la colaboración local con ICE afecta la confianza entre residentes y autoridades. En consecuencia, el tema se convirtió en eje de discusión electoral en recientes comicios municipales.
Legalmente, existen argumentos que permitirían a la ciudad salir del convenio. Políticamente, la presión ciudadana continúa. El futuro del acuerdo dependerá de la voluntad de los comisionados y del rumbo que adopte la administración local.
