Alligator Alcatraz bajo escrutinio judicial
Las prácticas dentro de centros de detención migratoria volvieron al centro del debate en Estados Unidos. Exdetenidos del centro conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, denunciaron castigos por intentar acceder a asesoría legal.
Durante audiencias federales en Fort Myers, dos hombres deportados a Colombia y Haití relataron que las autoridades interrumpían llamadas telefónicas cuando mencionaban abogados. También afirmaron que debían escribir números legales en paredes y camas con jabón por falta de papel y bolígrafos.
Además, abogados de derechos civiles solicitaron una orden judicial para garantizar que los detenidos tengan el mismo acceso legal que en centros federales. La demanda sostiene que el centro, administrado por el estado de Florida, vulnera derechos protegidos por la Constitución.
Los testimonios indicaron que los abogados deben agendar visitas con varios días de anticipación. En otros casos, los detenidos fueron transferidos antes de concretar reuniones legales. Estas demoras impidieron encuentros previos a fechas clave dentro de procesos migratorios.
Asimismo, un exdetenido haitiano declaró que autoridades le pidieron firmar documentos que no comprendía. Posteriormente descubrió que autorizaban su autodeportación, pese a haber solicitado asilo. El miedo a regresar a Haití influyó en sus decisiones bajo custodia.
Por otro lado, funcionarios estatales negaron restricciones al acceso legal y defendieron los protocolos por razones de seguridad. Representantes de empresas contratistas aseguraron que el centro responde solicitudes legales en menos de 24 horas y que ningún abogado es rechazado.
El caso forma parte de varias demandas federales contra Alligator Alcatraz. Algunas cuestionan la autoridad estatal para operar el centro y otras señalan fallas ambientales en su construcción.
Datos federales muestran que la población detenida por ICE alcanzó cerca de 70 mil personas, duplicándose tras una inyección presupuestal extraordinaria de 45 mil millones de dólares destinada a detención migratoria.
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