El debate legal sobre los centros de detención migratoria en Florida sumó un nuevo capítulo esta semana. Un juez federal decidió mantener en operación Alligator Alcatraz, una instalación ubicada en los Everglades que enfrenta múltiples impugnaciones judiciales por su funcionamiento y control.
En Estados Unidos, el fallo marca un punto clave para el gobierno estatal de Florida, que impulsó la apertura del centro como parte de su estrategia migratoria. El juez Kyle Dudek concluyó que el demandante no demostró un daño irreparable que justificara el cierre inmediato mientras el caso avanza en tribunales.
Además, la resolución subraya la cautela judicial ante solicitudes que buscan clausurar instalaciones de gran tamaño y alto costo sin un análisis completo de fondo. La decisión no valida la legalidad del centro, pero sí permite que continúe operando de forma provisional.
Alligator Alcatraz enfrenta litigios activos en tribunales federales
La demanda principal sostiene que la inmigración es una competencia federal y cuestiona la autoridad de Florida para administrar un centro como Alligator Alcatraz mediante agencias estatales y contratistas privados. Los denunciantes aseguran que los detenidos quedan fuera de los sistemas habituales de localización y enfrentan barreras para recibir asesoría legal.
Asimismo, otros procesos legales siguen abiertos. En uno de ellos, un juez ordenó previamente reducir las operaciones del centro por la falta de una evaluación de impacto ambiental, aunque una corte de apelaciones suspendió esa medida de forma temporal.
Por otro lado, un tercer litigio apunta al acceso de los detenidos a sus abogados. Los demandantes denunciaron demoras prolongadas y obstáculos para mantener comunicaciones confidenciales, una situación que continúa sin resolución tras extensas negociaciones judiciales.
El caso mantiene tensión entre Florida y el sistema federal
El centro, construido en un aeródromo en desuso, simboliza la postura del gobierno estatal frente a la política migratoria nacional. Alligator Alcatraz se ha convertido en un foco de atención para defensores de derechos civiles y autoridades federales.
La magnitud del conflicto se refleja en el volumen de litigios activos y en la atención judicial sostenida, ya que el fallo reciente no cierra el caso y anticipa meses de nuevas audiencias y resoluciones.
