El clima en los Cayos, Florida cambió de forma drástica en los últimos meses, luego de que autoridades federales intensificaran operativos migratorios en la única carretera que conecta el archipiélago con el resto de Estados Unidos. La ruta A1A Overseas Highway, conocida por su valor turístico y escénico, se transformó en un punto de control permanente que genera temor entre residentes y trabajadores migrantes.
La situación se desarrolla en Estados Unidos y afecta de manera directa a comunidades como Key West y Stock Island, donde una parte significativa de la población depende del trabajo de migrantes en servicios, turismo y pesca. Activistas locales aseguran que los retenes, revisiones de placas y detenciones durante paradas de tráfico se volvieron frecuentes desde agosto de 2025.
Organizaciones comunitarias documentaron más de 300 detenciones recientes, la mayoría durante controles vehiculares. Según estos registros, muchos de los arrestados eran el principal sustento económico de sus familias. En barrios como Stock Island, residentes evitan salir de casa o trasladarse en bicicleta por miedo a ser interceptados.
Cayos Florida enfrentan retenes y arrestos en la única vía de salida
Voluntarios reportan que algunas paradas de tránsito se prolongan más de lo habitual hasta que llegan agentes migratorios. Esta dinámica alimenta denuncias de perfilamiento racial y erosiona la confianza en las autoridades locales.
La tensión aumentó tras la detención y deportación de un estudiante de secundaria que vivía en Key West desde la infancia. El caso provocó protestas y un fuerte impacto emocional en escuelas y familias. Entrenadores, maestros y vecinos describen un ambiente de miedo constante, especialmente entre jóvenes con estatus migratorio mixto.
Detención de estudiante agrava el impacto social
Autoridades del condado informaron cifras menores de arrestos formales, mientras que activistas sostienen que las operaciones incluyen acciones en carretera, barrios residenciales y zonas marítimas. El contraste entre ambas versiones mantiene el debate público abierto.
Key West firmó en julio un acuerdo de cooperación conocido como 287(g), luego de recibir advertencias del estado de Florida sobre posibles sanciones legales. Funcionarios municipales reconocen que recibieron quejas por detenciones prolongadas a personas de color durante infracciones menores.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional no emitió comentarios públicos, y la policía local asegura que no realiza arrestos migratorios directos, aunque colabora con agencias federales.
El cierre de este escenario se apoya en un dato clave. Más de tres millones de personas transitan cada año por la A1A, una cifra que subraya el impacto económico y humano de convertir esa vía en un punto de control constante.
