Cuando una institución estatal afirma que no tiene por qué acatar los estándares científicos, se abre una grieta profunda entre gobernabilidad y responsabilidad ambiental. Eso acaba de suceder en Florida, donde la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC, por sus siglas en inglés) argumentó ante una corte que no está obligada a seguir recomendaciones científicas en la toma de decisiones sobre fauna silvestre.
El conflicto comenzó tras el rechazo del FWC a proteger al pez manta gigante, una especie catalogada como vulnerable a nivel global. A pesar de contar con evidencia científica suficiente y recomendaciones de expertos, la comisión se negó a clasificarla como amenazada en el estado. Organizaciones ambientalistas respondieron con una demanda. Ante eso, el FWC defendió su postura afirmando que su papel no implica seguir la ciencia, sino tomar decisiones según su criterio institucional.
Implicaciones para la comunidad y la economía local
Este argumento revela un escenario preocupante. En un contexto donde el sur de Florida enfrenta desafíos severos por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, desestimar la ciencia puede traducirse en consecuencias irreversibles. Además, socava la confianza ciudadana en las instituciones públicas encargadas de proteger los ecosistemas.
Por otro lado, esta polémica revive un debate urgente sobre la relación entre ciencia, política y economía. Miami, con su creciente ecosistema emprendedor y multicultural, necesita instituciones alineadas con el conocimiento técnico para promover un desarrollo sostenible. No hacerlo también implica afectar industrias como el turismo ecológico, que dependen directamente de la salud de la fauna marina.
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