La justicia de Florida emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato. El caso corresponde al derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que provocó cuatro muertes y continúa generando exigencias de justicia en Miami.
El fiscal general estatal, James Uthmeier, anunció que la jueza Ariana Fajardo Orshan autorizó la orden después de que las autoridades reabrieran la investigación el año pasado.
Fiscalía de Florida acusa a Raúl Castro por ataque de 1996
La acusación sostiene que el exmandatario formó parte de la cadena de mando que autorizó el derribo de las aeronaves cuando ocupaba el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Según una declaración jurada, agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate habrían transmitido información sobre los vuelos a La Habana.
El 24 de febrero de 1996, aviones militares cubanos destruyeron dos aeronaves civiles mediante misiles. Murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
La organización realizaba misiones para localizar y auxiliar a migrantes cubanos en el mar.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las avionetas estaban desarmadas y no representaban una amenaza.
Gobierno cubano rechaza las acusaciones
La orden estatal establece que el acusado permanezca sin derecho a fianza si queda bajo custodia por este caso. La Fiscalía tampoco descarta presentar cargos adicionales.
La medida complementa una acusación federal presentada en mayo por conspiración para asesinar estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.
Sin embargo, el Gobierno cubano rechazó el procedimiento y lo calificó como una maniobra política.
El presidente Miguel Díaz-Canel cuestionó su fundamento jurídico y acusó a políticos de Miami de utilizar el caso con fines electorales.
Por su parte, el expresidente ha negado haber ordenado directamente el ataque.
El nuevo proceso contra Raúl Castro surge mientras Washington incrementa las sanciones contra funcionarios y familiares de dirigentes cubanos.
Aunque las autoridades estadounidenses avanzan por vías judiciales paralelas, todavía deberán demostrar las responsabilidades individuales atribuidas al exmandatario.
