Una disputa legal entre Florida, California y Washington terminó este martes después de que la Corte Suprema rechazara revisar una demanda relacionada con licencias comerciales otorgadas a ciudadanos extranjeros.
El caso surgió tras un accidente mortal ocurrido cerca de West Palm Beach y rápidamente se convirtió en un nuevo frente político dentro del debate migratorio nacional. Además, autoridades floridanas acusaron a los estados demandados de permitir prácticas que supuestamente contravenían normas federales de seguridad vial.
Florida pierde batalla legal ante Corte Suprema
La demanda presentada por Florida señalaba que California y Washington facilitaban licencias comerciales a inmigrantes sin cumplir adecuadamente los requisitos establecidos por la legislación federal. Asimismo, el gobierno estatal vinculó el caso con un accidente protagonizado por Harjinder Singh, conductor originario de India acusado de homicidio vehicular.
Las autoridades de California rechazaron las acusaciones y defendieron sus procesos de verificación migratoria y autorización laboral antes de emitir licencias. Del mismo modo, funcionarios de Washington calificaron la demanda como un movimiento político más que como un reclamo jurídico legítimo.
El fiscal general James Uthmeier argumentó ante la Corte Suprema que algunos estados estaban ignorando estándares de seguridad relacionados con conductores de vehículos comerciales. Sin embargo, el máximo tribunal decidió no escuchar el caso y dejó intactas las políticas cuestionadas.
Debate migratorio escala tras accidente en Florida
El accidente que detonó la disputa ocurrió aproximadamente a 50 millas al norte de West Palm Beach y provocó la muerte de tres personas. A partir de ese momento, el gobierno federal y autoridades estatales comenzaron a intercambiar acusaciones relacionadas con licencias para conductores no domiciliados.
Aunque la Corte Suprema rechazó intervenir, los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron desacuerdo con la decisión. Thomas sostuvo que el tribunal debía asumir el caso debido a su obligación constitucional de revisar disputas legales entre estados, especialmente cuando involucran asuntos relacionados con seguridad pública y políticas migratorias.
