En Florida, la tensión migratoria se intensifica tras revelarse que agentes locales continúan realizando arrestos pese a la suspensión judicial de la ley migratoria SB 1718. Esta norma, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, fue bloqueada temporalmente por una corte federal debido a presuntas violaciones de derechos civiles. Sin embargo, organizaciones de defensa han denunciado que algunos departamentos policiales mantienen prácticas de detención bajo sus lineamientos.
Activistas de Coalition of Immokalee Workers y Florida Immigrant Coalition reportaron casos en los que migrantes fueron retenidos por motivos administrativos o tras simples verificaciones de identidad. La suspensión judicial debía detener esas acciones hasta nueva orden, pero diversos condados continúan aplicando criterios restrictivos, especialmente en zonas agrícolas y de construcción.
Controversia por el cumplimiento de la ley migratoria en Florida
La SB 1718 prohíbe a empleadores contratar personas sin estatus migratorio regular y penaliza el transporte de migrantes indocumentados. Para las organizaciones civiles, la continuidad de los arrestos refleja un ambiente de miedo e incertidumbre en las comunidades trabajadoras del estado.
Por otro lado, voceros de la oficina del gobernador argumentan que la medida busca reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas laborales. Sin embargo, juristas en Miami advierten que la desobediencia a una suspensión judicial podría derivar en sanciones federales.
El conflicto migratorio coincide con un aumento en la llegada de trabajadores centroamericanos a los campos agrícolas del sur del estado. Datos recientes del Department of Homeland Security indican que más de 110 mil migrantes se establecieron en Florida en los últimos 18 meses, contribuyendo al crecimiento económico pero también enfrentando mayores controles.
