Nuevas medidas de seguridad en territorio ecuatoriano
La crisis de seguridad sigue marcando la agenda política del país andino. El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en varias provincias y municipios de Ecuador, apenas unas semanas después de concluir la medida anterior.
La decisión responde a lo que el Gobierno calificó como una situación de grave conmoción interna vinculada a la actividad de organizaciones criminales. El decreto entró en vigor de inmediato y permanecerá vigente durante los próximos sesenta días.
La disposición abarca las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También incluye los municipios de La Maná, Las Naves y La Troncal.
El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a reforzar operaciones destinadas a recuperar el control del orden público y combatir actividades delictivas. Además, permite restricciones temporales a ciertas garantías constitucionales para facilitar las acciones de las autoridades.
Entre las medidas más relevantes figura la suspensión de la inviolabilidad del domicilio. Esta disposición permite a los cuerpos de seguridad ingresar a propiedades privadas cuando existan sospechas relacionadas con actividades ilícitas.
La nueva declaratoria llega un mes después de que Noboa afirmara que no extendería el estado de excepción que permaneció vigente hasta el 1 de junio. Sin embargo, el mandatario también dejó abierta la posibilidad de emitir nuevas medidas extraordinarias si las condiciones de seguridad así lo requerían.
Asimismo, el Gobierno ha recurrido en distintos momentos a toques de queda y operativos especiales para enfrentar a las organizaciones criminales. Desde enero de 2024, cuando declaró un conflicto armado interno, la administración ecuatoriana ha incrementado la participación de las fuerzas de seguridad en tareas de control territorial.
Pese a estas acciones, la violencia continúa siendo uno de los mayores desafíos nacionales. Datos oficiales indican que 2025 cerró con cerca de 9.300 homicidios, una cifra récord que colocó al país entre los más afectados por la violencia criminal en América Latina.
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