En México, la discusión sobre qué productos deben regularse por su impacto en la salud ha vuelto a encenderse. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados puso sobre la mesa la diferencia de trato entre bebidas altamente azucaradas que pagan impuestos especiales y aquellas que, por su clasificación, logran quedar exentas.
Un ejemplo claro es Electrolit, catalogada como medicamento. Bajo esta condición, no paga los mismos gravámenes que refrescos o energéticos, aunque su consumo frecuente pueda tener efectos similares en la salud. Esta excepción genera preguntas de fondo: ¿hasta dónde debe llegar la regulación cuando la línea entre fármaco y producto de consumo masivo se vuelve difusa?
Un debate sobre salud pública y vacíos legales
El debate cobró fuerza después de que Ricardo Monreal presentara una iniciativa que busca cerrar esos vacíos. La propuesta no surge en un vacío político, sino en un contexto donde la Organización Mundial de la Salud ha reiterado que el consumo excesivo de azúcares representa uno de los principales riesgos para enfermedades crónicas.
Por otro lado, resulta paradójico que se apliquen cargas fiscales a refrescos o jugos industrializados y no a bebidas que, aunque estén catalogadas bajo otra clasificación, llegan al consumidor con la misma lógica de mercado. Este contraste genera tensiones en materia de equidad tributaria y, sobre todo, de salud pública.
Además, la falta de una política uniforme puede abrir la puerta a distorsiones en la percepción social: mientras algunas bebidas son vistas como dañinas, otras logran una narrativa de beneficio que no siempre corresponde con la realidad médica.
El reto no es menor. Datos recientes muestran que México se mantiene entre los países con mayor consumo de azúcares en la región, lo que se traduce en altos costos económicos y sociales vinculados a enfermedades metabólicas.
