La operación del tren Brightline volvió a encender alarmas en Florida por su impacto en la seguridad pública. Durante 2025, el sistema ferroviario de alta velocidad registró más de dos decenas de muertes, un dato que refuerza su reputación como el tramo más letal del país en proporción a sus millas recorridas.
El caso genera atención en Estados Unidos por la frecuencia de los incidentes y por la falta de medidas preventivas completas. En Florida, comunidades ubicadas a lo largo de la vía mantienen reclamos activos ante un problema que se extiende desde el inicio de pruebas del servicio.
Tren Brightline mantiene una tasa mortal sin precedentes
Desde 2017, el tren Brightline acumula cerca de 200 fallecimientos en el estado. Investigaciones periodísticas recientes señalan que, en promedio, ocurre una muerte cada trece días. Además, los reportes oficiales indican que las víctimas abarcan un amplio rango de edades, lo que evidencia un riesgo persistente.
Las autoridades y organizaciones civiles coinciden en que persisten vacíos de infraestructura. Faltan cercas continuas, señalización de crisis y otras barreras físicas en zonas urbanas densamente pobladas. Del mismo modo, los retrasos en la liberación de fondos federales postergaron soluciones consideradas urgentes.
Responsabilidades, costos y presión social
El debate se intensifica por el financiamiento de mejoras de seguridad. Críticos sostienen que el operador trasladó parte del costo a los contribuyentes mientras atribuye la responsabilidad a las víctimas. En consecuencia, legisladores estatales enfrentan presión para exigir acciones más rápidas y efectivas.
Las muertes registradas en 2025 incluyen incidentes ocurridos en distintos puntos del trazado ferroviario. Los listados oficiales confirman que los accidentes se repiten en corredores urbanos con alto tránsito peatonal.
El tren Brightline se consolidó como una pieza clave de movilidad en Florida. Sin embargo, el número acumulado de víctimas mantiene abierto un cuestionamiento estructural sobre su operación.
Desde 2017, los registros oficiales contabilizan 196 muertes vinculadas al servicio, una cifra que continúa creciendo mientras las medidas definitivas siguen pendientes.
