El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido durante un amplio operativo que también alcanzó a otros integrantes del Ministerio Público. El Gobierno lo acusa de encabezar una presunta estructura criminal dedicada a proteger y asociarse con organizaciones vinculadas al narcotráfico.
La detención ocurrió tres días después de que Estados Unidos retirara la visa de Mariaca y otros funcionarios bolivianos. Washington había acusado al fiscal de aceptar sobornos y favorecer a narcotraficantes, señalamientos que él rechazó y atribuyó a presiones políticas.
Fiscal general enfrenta investigación junto a otros funcionarios
Mariaca es investigado por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. El Gobierno boliviano sostiene que la supuesta red mantenía vínculos con Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo extraditado a Estados Unidos en marzo.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que información proporcionada por la DEA apoyó el operativo. Las autoridades también detuvieron a otros nueve miembros de la Fiscalía y mantienen bajo vigilancia distintas instalaciones de la institución.
Además, varios empleados fueron señalados por presuntamente intentar retirar documentación de la vivienda de Mariaca. Las autoridades interceptaron también una ambulancia que, según el Gobierno, transportaba una cantidad de dinero todavía sin cuantificar.
Operativo genera cuestionamientos sobre el debido proceso
Funcionarios del Ministerio Público denunciaron irregularidades durante la intervención policial. Claudia Pardo, jefa de comunicación de la Fiscalía, afirmó que los agentes ingresaron sin presentar documentación para realizar formalmente el allanamiento.
El vicepresidente Edmand Lara pidió garantizar el debido proceso y cuestionó cualquier participación extranjera que exceda las leyes bolivianas.
El Gobierno también informó que busca al exministro Eduardo Del Castillo después de difundirse un audio atribuido a Marset. En la grabación, el narcotraficante presuntamente afirma haberle pagado 500,000 dólares para permanecer en Bolivia.
