Una nueva batalla legal relacionada con la inteligencia artificial comenzó en Florida. Las autoridades estatales presentaron una demanda civil contra la empresa detrás de ChatGPT y su director ejecutivo, Sam Altman, en una acción que podría tener repercusiones nacionales sobre la regulación de esta tecnología.
El fiscal general James Uthmeier afirmó que se trata de la primera demanda impulsada por un Estado contra OpenAI. Además, sostuvo que la compañía lanzó al mercado un producto que, según la acusación, expone a menores de edad a riesgos significativos y recopila información sin suficientes garantías de protección.
Florida eleva la presión legal sobre OpenAI
La querella presentada ante un tribunal estatal señala que OpenAI ignoró advertencias internas y externas relacionadas con la seguridad de sus herramientas de inteligencia artificial. Asimismo, la fiscalía argumenta que la empresa priorizó el crecimiento comercial por encima de la protección de los usuarios.
Las autoridades también aseguran que ChatGPT puede generar conductas adictivas, errores potencialmente peligrosos y efectos negativos en menores. Por ello, buscan una compensación económica para residentes afectados y el cese de prácticas que consideran engañosas.
El caso surge semanas después de que Florida iniciara una investigación relacionada con el tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Florida. En aquel momento, funcionarios estatales señalaron que el atacante habría utilizado ChatGPT para obtener información previa al crimen.
Debate sobre regulación de la inteligencia artificial
La compañía rechazó previamente cualquier responsabilidad en el incidente y afirmó que su sistema proporcionó información disponible públicamente sin promover actividades ilegales. También indicó que ha colaborado con las autoridades durante las investigaciones.
La demanda contra OpenAI llega mientras distintos estados avanzan en sus propias regulaciones sobre inteligencia artificial. California, Texas y Colorado han impulsado normas relacionadas con transparencia y ética, mientras otros territorios trabajan en estándares educativos y laborales.
Florida también analiza propuestas específicas para regular esta tecnología. El caso podría convertirse en una referencia para futuras acciones legales en todo el país y aumentar la presión sobre las empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial cada vez más utilizados por millones de personas.
