Florida avanza en su estrategia migratoria mientras espera la autorización federal para abrir un nuevo centro de detención en el Panhandle. El gobernador Ron DeSantis confirmó que el Estado también evalúa una cuarta instalación, lo que ampliaría de forma significativa la capacidad de retención de inmigrantes bajo custodia estatal.
La iniciativa se suma a los centros ya operativos conocidos como “Alligator Alcatraz”, en los Everglades, y “Deportation Depot”, ubicado en una antigua prisión del noreste de Florida. Según DeSantis, el objetivo es responder a la falta de espacios disponibles dentro del sistema federal de detención migratoria.
Florida amplía su infraestructura migratoria
Durante una conferencia de prensa, DeSantis aseguró que Florida abrirá el nuevo centro de detención tan pronto como el Departamento de Seguridad Nacional otorgue su aprobación. El mandatario afirmó que el gobierno federal no cuenta con suficiente capacidad para sostener el ritmo actual de arrestos relacionados con inmigración.
El gobernador detalló que, en el último año, se registraron cerca de 20.000 arrestos de personas en situación migratoria irregular en el estado. Aproximadamente la mitad provino de una iniciativa conjunta entre autoridades estatales y agencias federales. De ese total, el 63% correspondió a personas con antecedentes penales o registros de arresto previos.
Florida ha reforzado su cooperación con la administración federal como parte de una estrategia más amplia para acelerar detenciones y deportaciones, una política que el gobierno de Donald Trump ha presentado como modelo para otros estados.
Demandas y cuestionamientos legales persisten
La expansión de la red de centros de detención ha generado múltiples demandas federales. Abogados de personas detenidas en “Alligator Alcatraz” denunciaron condiciones deficientes, incluidas inundaciones en las carpas, falta de privacidad y presiones para firmar órdenes de salida voluntaria sin asesoría legal adecuada.
Actualmente, tres litigios cuestionan la legalidad del funcionamiento de ese centro. Una demanda sostiene que Florida carece de autoridad para operar instalaciones migratorias, al tratarse de una competencia federal. Otra exige garantías de acceso confidencial a abogados. Un tercer caso derivó en una orden judicial para cerrar progresivamente el centro por no realizar un estudio de impacto ambiental, aunque una corte de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión.
Mientras los procesos judiciales continúan, Florida mantiene su postura de liderazgo en la política migratoria estatal y avanza con planes para ampliar su infraestructura de detención.
