Florida enfrenta una demanda federal por una ley que autoriza a mujeres embarazadas a estacionarse en espacios reservados para personas con discapacidad. El caso, que ya avanza en los tribunales, busca determinar si la medida estatal viola las protecciones establecidas por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
A finales de octubre, la Clínica de Derecho de Inclusión y Defensa de la Discapacidad de la Universidad Nova Southeastern presentó la demanda contra el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida. Los abogados sostienen que la norma firmada por el gobernador Ron DeSantis en junio reduce los derechos que la ADA garantiza desde 1990. La ley permite que las embarazadas obtengan un permiso temporal por un año, con un costo de 15 dólares y una nota médica, para acceder a los espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad.
El origen del debate en Florida por los permisos temporales
La representante republicana Fiona McFarland impulsó la medida y la defendió al señalar que su objetivo era brindar alivio a las embarazadas durante los meses de mayor calor. Durante las audiencias legislativas, recordó su experiencia personal al final de su embarazo. “El embarazo no es una discapacidad. Solo quiero poder estacionarme al frente”, comentó.
La activista Olivia Keller, quien nació sin brazos y utiliza una silla de ruedas, encabeza la acción legal. Explicó que los espacios para personas con discapacidad no representan comodidad, sino necesidad. “Esos lugares no existen para hacernos la vida más fácil. Existen para hacerla posible”, declaró. Keller añadió que, si no logra acceder a uno de esos espacios, no puede desplazarse ni realizar actividades básicas como trabajar o asistir al médico.
El abogado Matthew Dietz, representante de Keller, afirmó que el estado no puede emitir leyes que reduzcan los derechos garantizados por una norma federal. “Eso es exactamente lo que hizo Florida”, aseguró.
La demanda solicita suspender la entrega de permisos y anular los ya emitidos. El caso mantiene activo el debate sobre cómo equilibrar las políticas de apoyo a mujeres embarazadas sin vulnerar los derechos de las personas con discapacidad.
