El gobierno interino de Venezuela y parte de la oposición concluyeron la primera ronda de negociaciones políticas supervisadas por Estados Unidos. Las conversaciones buscan avanzar en la reconstrucción tras los sismos de junio y reformar el sistema judicial, aunque todavía persisten dudas sobre el futuro del proceso.

El diálogo comenzó hace menos de dos semanas entre el gobierno de Delcy Rodríguez y una comisión delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015. El proceso no incluye al sector opositor encabezado por María Corina Machado.

A diferencia de negociaciones anteriores, Washington tiene ahora una influencia directa sobre las partes después de la captura de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado incluso anunció las conversaciones antes que las delegaciones venezolanas.

Estados Unidos gana peso entre gobierno y oposición

La administración de Donald Trump también participa directamente en decisiones económicas y políticas venezolanas. La embajada estadounidense informó recientemente sobre un contrato para modernizar las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua, mientras Trump ha elogiado públicamente la gestión de Rodríguez.

Ese protagonismo genera interrogantes sobre los objetivos de Washington. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y necesita inversiones para recuperar su industria.

En julio, Caracas reportó a la OPEP una producción de 1,2 millones de barriles diarios, unos 187.000 más que el promedio informado durante el primer trimestre. Sin embargo, recuperar los niveles de tres millones de barriles diarios registrados en 2013 requeriría inversiones y mayores garantías jurídicas.

Reforma del Tribunal Supremo marca las negociaciones

Uno de los principales acuerdos contempla impulsar una renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con candidatos que acrediten preparación, independencia y credibilidad.

Las delegaciones consideran que una justicia con mayores garantías podría contribuir tanto a recuperar la confianza institucional como a atraer inversiones. Durante años, distintas decisiones del TSJ favorecieron al chavismo en disputas políticas, entre ellas el referéndum revocatorio contra Maduro y conflictos con la Asamblea Nacional.

El segundo punto acordado consiste en buscar acceso a las reservas venezolanas de oro bloqueadas en el Banco de Inglaterra, valoradas actualmente en más de 4,000 millones de dólares. Los recursos se destinarían a atender a los afectados por los sismos de junio.

Las partes deberán elaborar ahora un cronograma para concretar la transformación judicial. La Asamblea Nacional ya cuenta con un Comité de Postulaciones que trabaja desde mayo en una renovación parcial de magistrados.

El futuro de las conversaciones seguirá condicionado por la participación estadounidense. Una fuente cercana a las negociaciones reconoció que los avances dependen en gran medida de la presión que Washington mantenga sobre las partes.

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