Hablar de desarrollo económico sin abordar los hábitos de consumo es como mirar solo la mitad del paisaje. En México, la Red de Acción sobre Alcohol y la Alianza por la Salud Alimentaria impulsan una propuesta innovadora: una política nacional de consumo que vaya más allá de campañas aisladas y enfoque sus esfuerzos en el bienestar colectivo.
Esta iniciativa surge como respuesta al creciente impacto del consumo nocivo de alcohol, no solo en términos de salud pública, sino también en la productividad laboral, la violencia familiar y los costos económicos para el sistema de salud. Se estima que el alcohol está implicado en más del 60% de las agresiones graves y en 1 de cada 10 muertes entre jóvenes mexicanos. La magnitud del problema exige una intervención estructural, con base en datos y visión de largo plazo.
Política de consumo con enfoque estructural
El documento propuesto plantea acciones como impuestos más altos a bebidas alcohólicas, regulación estricta de su publicidad, y educación comunitaria basada en evidencia científica. También sugiere limitar la disponibilidad en ciertos horarios y zonas, medida que ha mostrado eficacia en países como Escocia y Lituania. Lejos de ser medidas prohibitivas, estas estrategias buscan moldear entornos más seguros y resilientes.
De igual manera, la propuesta considera los contextos socioeconómicos, reconociendo que el consumo problemático está vinculado con desigualdades estructurales. Al incorporar políticas transversales de salud, educación y trabajo, se fomenta una economía más justa y sostenible.
En un país donde la industria del alcohol representa más de 400 mil empleos directos, el reto es equilibrar los intereses económicos con la protección social. Solo así será posible diseñar una cultura de consumo consciente, donde prosperar no implique perder la salud.
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