La tensión volvió a marcar la política migratoria de Estados Unidos cuando autoridades de Florida intervinieron con fuerza en un centro de detención estatal. El episodio expuso las condiciones diarias que enfrentan inmigrantes bajo custodia y reactivó el debate sobre el manejo de estos espacios.
El incidente ocurrió en Florida, donde inmigrantes detenidos protestaron por la calidad de los alimentos durante la cena. Tras ser enviados antes de tiempo a sus dormitorios, la inconformidad escaló y derivó en un operativo de control dentro de las instalaciones, administradas por el estado.
Además, la intervención oficial dejó claro que el gobierno estatal mantiene un enfoque de seguridad estricta en sus centros migratorios. La respuesta inmediata buscó retomar el control del recinto y evitar mayores disturbios, según versiones oficiales.
Inmigrantes protestan por comida y autoridades responden con fuerza
Documentos internos confirmaron que personal contratado por el estado utilizó gas pimienta dentro de las áreas habitacionales. Aproximadamente 160 inmigrantes estuvieron involucrados en la protesta y cerca de la mitad recibió atención médica preventiva en el lugar, sin traslados hospitalarios.
Asimismo, el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida aseguró que no se registraron heridos graves y que el personal actuó tras reiteradas negativas a acatar órdenes verbales. La agencia defendió el uso del agente químico como una medida para restablecer el orden.
Por otro lado, organizaciones y activistas pro inmigrantes difundieron versiones distintas. Testimonios recogidos por defensores comunitarios señalaron que personas mayores habrían sido retiradas con fuerza, lo que incrementó la preocupación sobre el trato dentro del centro.
Centros de detención enfrentan creciente escrutinio legal
El centro, ubicado en una antigua prisión estatal, forma parte de una red de instalaciones administradas por Florida fuera del sistema federal tradicional. Del mismo modo, estos recintos no aparecen en los registros públicos habituales de localización de detenidos.
También, un proyecto de ley presentado para crear una base de datos estatal de acciones migratorias enfrenta un panorama político adverso.
El contexto financiero añade presión al debate, ya que el gobierno federal autorizó hasta 608 millones de dólares para reembolsar a Florida por sus operaciones de control migratorio, una cifra que sigue bajo revisión pública.
