Durante años, Tabasco ha sido un espejo de las contradicciones políticas de México. El reciente caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, refleja cómo la retórica de honestidad del poder termina desmoronándose ante los hechos. Bermúdez fue señalado por sus presuntos nexos con el grupo La Barredora, una organización criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación y dedicada al tráfico de hidrocarburos y sustancias ilícitas en el sureste del país.
Los primeros reportes que lo vinculan con el crimen organizado datan de 2021, según documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados a través de Guacamaya Leaks. En ese entonces, Adán Augusto López aún gobernaba Tabasco. La información de la Sedena no solo señalaba a Bermúdez, sino también a otros dos funcionarios designados por el mismo gobernador. En 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad difundió esos hallazgos, advirtiendo la existencia de una red criminal enquistada en el gobierno local.
Negación, complicidad y la doble moral de la transparencia
La respuesta del poder fue el silencio. En las conferencias matutinas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las acusaciones y las calificó como “campañas de desprestigio” de la prensa conservadora. Su entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto, siguió la misma línea. Ninguno ofreció una explicación convincente sobre cómo un funcionario de su círculo más cercano pudo operar durante años bajo sospecha sin que nadie actuara.
Resulta paradójico que el propio presidente, quien tantas veces cuestionó a Felipe Calderón por el caso García Luna bajo el argumento de que “nada pasa sin que el presidente lo sepa”, hoy guarde silencio ante una trama que involucra a uno de sus aliados más fieles. Si en un país de más de cien millones de habitantes se exige ese nivel de control al Ejecutivo, ¿cómo justificar la ignorancia en un estado pequeño, gobernado por uno de los suyos?
Las declaraciones oficiales sobre que Bermúdez “se fue descomponiendo con el tiempo” carecen de sentido. Si había reportes militares desde 2021, ¿por qué se permitió su permanencia en el cargo hasta 2024, cuando finalmente presentó su renuncia? ¿Por qué la orden de captura llegó hasta febrero de 2025?
En el Senado, Morena y sus aliados cerraron filas. Impidieron que Adán Augusto pidiera licencia a su fuero legislativo y minimizaron las acusaciones. El propio exgobernador respondió con una frase lapidaria: “La calumnia, cuando no mancha, tizna”. Pero más que tizne, este caso deja una marca indeleble en la credibilidad de la Cuarta Transformación.
El poder, la mentira y el deterioro institucional en la Cuarta Transformación
México se ha acostumbrado a las mentiras, pero resulta insultante ver cómo la mentira se ha normalizado en la esfera política mexicana. Durante décadas, los ciudadanos se han acostumbrado a que los políticos mientan, pero pocas veces con tanto descaro. El discurso de “yo tengo otros datos” se ha convertido en el escudo favorito del poder, una forma de negar lo evidente incluso frente a la documentación oficial y los hechos comprobables. Lo más grave es que esa actitud no solo erosiona la confianza pública, sino que también banaliza la verdad: un valor que debería ser el pilar de cualquier gobierno que se autodenomine transformador.
Lo ofensivo no es solo la mentira, sino el desprecio implícito hacia la inteligencia de los ciudadanos. Bastaría una búsqueda mínima en fuentes confiables para desmentir los dichos oficiales. Sin embargo, la narrativa del “todo es una campaña de la prensa conservadora” se repite como un mantra que intenta convertir la desinformación en política de Estado. Y mientras tanto, los escándalos se apilan, los nombres cambian y la impunidad permanece.
Este caso parece apenas la punta del iceberg de algo más profundo: una red de poder que ha confundido la lealtad política con la complicidad. Adán Augusto fue parte del círculo más cercano de un movimiento que prometió ser distinto, que juró desterrar la corrupción y la colusión con el crimen organizado. Hoy, la pregunta es incómoda pero necesaria: ¿hasta dónde están dispuestos los líderes de la 4T a defender a los suyos, incluso cuando la evidencia apunta en otra dirección?
La sociedad mexicana ha escuchado demasiadas veces las mismas promesas: que no robarán, que no mentirán, que no traicionarán. Sin embargo, los hechos muestran que el cambio de partido no siempre significa un cambio de prácticas. La misma estructura de poder que antes se criticaba hoy se repite con nuevos protagonistas y viejas justificaciones. La diferencia es que, ahora, los discursos de superioridad moral sirven como un barniz que intenta ocultar el deterioro institucional.
La verdadera transformación no se mide por las conferencias diarias ni por los aplausos en el Senado, sino por la capacidad del Estado para rendir cuentas y enfrentar a sus propios fantasmas. ¿El caso Adán Augusto-Bermúdez será la prueba de fuego para un movimiento que llegó prometiendo honestidad y hoy enfrenta su propia sombra? ¿Los apoyos sociales serán suficientes para encubrir la traición a millones de mexicanos que creyeron en la promesa de un país distinto?
