Mantener encendida la luz o funcionando el agua parece algo cotidiano, pero detrás de cada servicio esencial hay personas expuestas a riesgos constantes. En Florida, esa realidad llevó al Congreso estatal a aprobar la SB 1386, una ley que refuerza la protección penal para los utility workers —trabajadores de electricidad, agua, gas, comunicaciones y saneamiento—.
Desde el 1 de octubre de 2025, la norma redefine las sanciones contra quienes agreden a estos empleados mientras operan en infraestructura crítica. La legislación, aprobada en Tallahassee, eleva el castigo por asaltos o agresiones y coloca a estos profesionales en el mismo nivel de protección que policías, bomberos y personal médico de emergencia.
SB 1386 y el nuevo alcance penal en Florida
La SB 1386 modifica la respuesta del sistema judicial ante ataques a trabajadores de servicios públicos. El asalto deja de ser considerado un delito menor y pasa a categoría superior. En tanto, las agresiones físicas o battery se reclasifican como delitos graves (felonías), y las formas agravadas —como aggravated assault— conllevan penas más severas y arresto inmediato del agresor cuando la víctima se encuentra en servicio.
El cambio legal también define con precisión quiénes están cubiertos. Se consideran utility workers tanto empleados directos como contratistas de compañías públicas o privadas que prestan servicios de electricidad, agua, gas, saneamiento o telecomunicaciones, siempre que porten identificación visible en su vestimenta o vehículo.
Por otro lado, la ley busca garantizar la continuidad operativa de la infraestructura crítica, una prioridad que impacta tanto a hogares como a empresas.
Además, la SB 1386 envía un mensaje institucional sobre la importancia de proteger a quienes sostienen la red vital del estado. Florida cuenta con más de 300 mil empleados vinculados a servicios públicos, un sector cuya estabilidad depende tanto de la seguridad física como de la confianza social.
