Veracruz se queda sin fondos para emergencias mientras México envía miles de millones de dólares a Cuba en combustibles.
México enfrenta una paradoja que refleja su actual rumbo económico y político. Mientras Veracruz carece de recursos para responder a desastres naturales tras la cancelación de su seguro estatal, el gobierno federal envía miles de millones de dólares a Cuba en combustible y apoyo financiero. La decisión ha desatado críticas por priorizar compromisos ideológicos sobre las necesidades urgentes dentro del país.
Rocío Nahle, cercana al presidente López Obrador, eliminó la póliza de seguro contra desastres y creó una entidad estatal llamada Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales, sin fondos ni estructura funcional. Esa decisión dejó al estado sin respaldo ante inundaciones, derrumbes y daños por fenómenos naturales recientes. En contraste, entre mayo y agosto, el gobierno federal transfirió más de tres mil millones de dólares en combustibles a Cuba, mientras retiraba recursos del IMSS Bienestar para atender la crisis en Poza Rica.
El panorama financiero revela una falta de coherencia en la gestión pública. El presupuesto enviado a Cuba equivale a lo que México destina a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, uno de los pilares del gobierno. Además, el tanquero “Sandino”, utilizado para los envíos, figura en listas internacionales de sanciones por tráfico ilegal de petróleo.
De igual manera, otros estados gobernados por Morena, como Hidalgo, replicaron el modelo de Veracruz al crear fondos locales sin liquidez. Las consecuencias se reflejan en vidas perdidas, comunidades incomunicadas y una creciente indignación social.
La administración de Nahle carga también con el sobrecosto de la refinería de Dos Bocas, que superó por cinco mil millones de dólares el presupuesto inicial. Mientras tanto, municipios como Poza Rica enfrentan daños millonarios por obras inconclusas, como el muro de contención del río Cazones, pagado pero nunca construido. El contraste entre el gasto exterior y la precariedad interna alimenta una pregunta inevitable: ¿dónde queda la prioridad nacional?
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