Las lluvias de octubre en México tomaron por sorpresa incluso a los expertos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las proyecciones oficiales quedaron cortas frente a una realidad que desafió los modelos climáticos y encendió las alertas sobre la vulnerabilidad de múltiples regiones. Desde Chiapas hasta Sinaloa, las precipitaciones superaron el promedio histórico y pusieron a prueba presas, drenajes y sistemas de alerta que ya venían arrastrando rezagos.
De manera particular, los estados del sur y sureste fueron los más afectados. Tan solo en Veracruz, los acumulados de agua en la segunda semana del mes alcanzaron niveles equivalentes al doble del promedio mensual. Esto generó deslaves, cortes de carretera y evacuaciones preventivas en zonas rurales. Por su parte, en el norte, entidades como Sonora experimentaron lluvias inusuales para la temporada, complicando aún más la gestión del agua en zonas semidesérticas.
Infraestructura hídrica al límite
Más allá del impacto inmediato, el fenómeno deja una lección crítica: la necesidad urgente de invertir en infraestructura climáticamente resiliente. En un país donde más del 70% de las presas tiene más de 50 años, los sistemas actuales no están preparados para la nueva normalidad del clima. Las autoridades han reconocido este rezago, pero la acción concreta sigue pendiente.
Además, el impacto económico es evidente. Las afectaciones al transporte, comercio local y al sector agrícola implican costos millonarios que podrían haberse mitigado con prevención. La relación entre cambio climático y desarrollo económico se vuelve más clara con cada temporada crítica, especialmente para un país como México, estratégico en las cadenas logísticas regionales.
