La investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio abrió un nuevo capítulo tras una acusación contra siete personas. La Fiscalía de Ecuador señala entre los presuntos autores intelectuales al exministro del Interior José Serrano y a Wilmer “Pipo” Chavarría, líder de Los Lobos.
Villavicencio, periodista, exlegislador y candidato presidencial, fue asesinado durante un acto electoral en Quito en 2023. Había denunciado públicamente casos de corrupción y posibles conexiones entre autoridades y organizaciones criminales, además de recibir numerosas amenazas antes del atentado.
Fiscalía de Ecuador amplía investigación del crimen
Serrano fue ministro del Interior durante el Gobierno de Rafael Correa entre 2011 y 2016. La acusación sostiene que habría proporcionado información sobre los movimientos de Villavicencio a integrantes de Los Lobos. Actualmente permanece en Estados Unidos y tiene una orden de prisión preventiva en Ecuador.
Además, Chavarría permanece en España mientras enfrenta un proceso de extradición. Las autoridades lo capturaron después de que presuntamente fingiera su muerte para evadir a la justicia.
Otros señalados incluyen a Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Ángel Esteban Aguilar y Luis Arboleda. Cinco de los acusados permanecen prófugos y la Fiscalía solicitó notificaciones rojas de Interpol.
El caso avanza hacia una posible etapa de juicio
Jordán rechazó las acusaciones y cuestionó aspectos relacionados con evidencias digitales, testigos y actuaciones de funcionarios. También recordó que una imputación no constituye una sentencia. Las autoridades deberán demostrar sus señalamientos durante el proceso judicial.
Cinco personas relacionadas con Los Lobos ya fueron condenadas en 2024 por su participación en el asesinato. El presunto tirador murió en el lugar del atentado, mientras otros seis sospechosos fueron asesinados posteriormente en prisión.
Asimismo, Ángel Esteban Aguilar fue detenido en Ciudad de México y trasladado a Ecuador tras una notificación roja. Actualmente continúan las audiencias preliminares y un juez deberá determinar si existen pruebas suficientes para llevar a los nuevos acusados a juicio.
