Una estudiante presentó una demanda civil después de denunciar que siete integrantes de una fraternidad la drogaron y agredieron sexualmente durante horas en 2024. El caso llevó a la Fiscalía del condado de Tompkins, Nueva York, a revisar nuevamente la posibilidad de presentar cargos penales relacionados con los hechos ocurridos en la Universidad de Cornell.
La mujer, identificada bajo el seudónimo Jane Doe, tenía 20 años cuando acudió a la casa de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024. Según su denuncia, dos miembros la presionaron para inhalar una sustancia que ella cree que era ketamina.
Fiscalía reabre caso de la Universidad de Cornell
La demanda sostiene que posteriormente un integrante avisó mediante un grupo de Snapchat que había una mujer en la planta superior para mantener relaciones sexuales. La denunciante afirma que varios hombres acudieron al lugar y la agredieron durante horas.
Tres semanas después, la estudiante denunció los hechos ante la policía universitaria. Su abogado asegura que dos de los señalados terminaron expulsados, pero ninguno enfrentó una detención.
La joven abandonó posteriormente sus estudios y ahora reclama una indemnización tanto a los acusados como a las instituciones que, según sostiene, no evitaron los abusos ni garantizaron su seguridad.
Autoridades analizan posibles cargos penales
Matthew Van Houten, fiscal de distrito de Tompkins, informó que su oficina revisará nuevamente el expediente. Explicó que la demanda civil contiene acusaciones “drásticamente diferentes” respecto de la declaración entregada a la policía en 2024.
La Fiscalía busca determinar si existen nuevas pruebas que permitan presentar el caso ante un gran jurado y evaluar posibles cargos penales.
El caso también reactiva la discusión sobre la violencia sexual en los campus estadounidenses. Una encuesta realizada en 2019 por la Asociación de Universidades de Estados Unidos consultó a casi 182,000 estudiantes de 33 instituciones. Aproximadamente una de cada cuatro mujeres participantes reportó algún contacto sexual no consentido mediante fuerza física o cuando no tenía capacidad para consentir.
La demandante decidió mantener su identidad en reserva para evitar el estigma asociado con la violencia sexual y proteger también a su familia.
