Un gran jurado concluyó que la administración del gobernador Ron DeSantis utilizó indebidamente 10 millones de dólares de fondos públicos mediante un esquema destinado a financiar actividades políticas en Florida.
El dinero llegó inicialmente a la Fundación Hope Florida, organización creada para respaldar la iniciativa de la primera dama Casey DeSantis. Posteriormente, los fondos pasaron por dos organizaciones sin fines de lucro antes de llegar a un comité político controlado por James Uthmeier. Finalmente, la mayor parte terminó en una cuenta del Partido Republicano de Florida.
El jurado no presentó cargos penales porque no logró determinar quién tomó la decisión de desviar los recursos.
Hope Florida desata críticas contra funcionarios de DeSantis
Cuando ocurrió la transferencia, Uthmeier era jefe de gabinete de DeSantis. Cuatro meses después, el gobernador lo nombró fiscal general de Florida.
José Javier Rodríguez, rival demócrata de Uthmeier en las elecciones de noviembre, calificó el caso como un acto de corrupción y exigió su renuncia.
El informe también cuestionó a Ashley Moody, entonces fiscal general, porque su oficina no realizó las verificaciones necesarias para impedir el uso indebido del dinero. Meses después, DeSantis la nombró senadora federal.
La representante estatal Angie Nixon, rival electoral de Moody, también exigió su renuncia.
Republicanos también exigen respuestas por los fondos
Las críticas no se limitaron a los demócratas. El senador republicano Rick Scott calificó las conclusiones como “profundamente preocupantes” y señaló que recursos destinados a ayudar a niños necesitados terminaron financiando anuncios políticos.
El senador estatal republicano Don Gaetz también consideró que el caso representa una vergüenza para el Gobierno de Florida y pidió medidas para impedir situaciones similares.
DeSantis rechazó las acusaciones y centró sus críticas en la publicación del informe. Afirmó que el posible delito fue la filtración del documento. Uthmeier, por su parte, calificó el caso como un engaño y sostuvo que nadie actuó incorrectamente.
Barbara Petersen, directora ejecutiva del Florida Center for Government Accountability, defendió el derecho de los ciudadanos a conocer el contenido del informe porque involucra dinero de los contribuyentes. También cuestionó que Uthmeier amenazara con posibles cargos a periodistas que le preguntaron sobre el documento.
