La senadora Ashley Moody mantiene silencio sobre su participación en el acuerdo que permitió enviar 10 millones de dólares de fondos vinculados con Medicaid a la Fundación Hope Florida. La organización transfirió después ese dinero a comités políticos que combatieron la legalización de la marihuana en Florida durante las elecciones de 2024.
Moody ocupaba entonces la Fiscalía General de Florida. Su oficina aprobó el acuerdo con la empresa sanitaria Centene, pero no incorporó los controles que normalmente exige para vigilar el uso de recursos públicos.
El gobernador Ron DeSantis destacó el apoyo de Moody contra las enmiendas 3 y 4 cuando la nombró senadora en enero de 2025. La primera buscaba legalizar la marihuana y obtuvo 56 % de los votos, cuatro puntos menos del mínimo requerido.
Ashley Moody elude preguntas sobre los 10 millones
Investigaciones legislativas revelaron en 2025 que Florida desvió los fondos hacia Hope Florida. Después, la fundación entregó el dinero a dos comités políticos; uno de ellos estaba bajo el control de DeSantis y su entonces jefe de gabinete, James Uthmeier.
El representante republicano Alex Andrade calificó la operación como un uso indebido de recursos de Medicaid y afirmó que podía constituir lavado de dinero. Un gran jurado investigó el caso y elaboró un informe, pero procedimientos judiciales confidenciales han impedido su publicación.
CBS Miami buscó entrevistar a Moody en un evento republicano y también envió preguntas a su oficina y campaña. La senadora no respondió si conocía el destino político del dinero, si habló con DeSantis sobre la operación o si intentó bloquear la divulgación del informe.
La Fiscalía eliminó controles habituales
El caso comenzó con un acuerdo por cobros excesivos de medicamentos de Medicaid. Un despacho calculó inicialmente que Centene debía devolver 67 millones de dólares a Florida. Sin embargo, Moody retiró al bufete del proceso en 2022 y el estado permaneció dos años sin recuperar los fondos.
En septiembre de 2024, Florida redujo a 57 millones la devolución directa y ordenó enviar otros 10 millones a Hope Florida. Correos revisados por medios estadounidenses muestran que John Guard, entonces segundo al mando de Moody, analizó el acuerdo con ella.
Andrade señaló que la Fiscalía no exigió contratos, auditorías ni mecanismos para garantizar que la fundación destinara el dinero a ampliar Medicaid infantil. Tampoco encontró un convenio entre Hope Florida y la Agencia para la Administración de Servicios de Salud.
Rick Scott también cuestionó el uso de recursos destinados a niños pobres en propaganda política. Mientras busca conservar su escaño en noviembre, Moody todavía enfrenta preguntas sobre qué sabía y por qué su oficina autorizó el acuerdo sin salvaguardas.
