La concejal Maureen Porras denunció que el abogado municipal de Doral, Lorenzo Cobiella, impidió incluir en la agenda del Concejo una propuesta para discutir la continuidad del acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Cobiella argumentó que revisar el convenio 287(g) podría generar consecuencias legales y financieras para la ciudad. Sin embargo, Porras cuestionó la decisión y aseguró que el funcionario está limitando sus facultades como representante electa.
Por qué impiden discutir el acuerdo de Doral con ICE
Según correos electrónicos, Cobiella decidió mantener la propuesta fuera de la agenda por tiempo indefinido ante posibles sanciones del gobierno estatal.
El abogado explicó que las iniciativas con impacto fiscal deben presentarse con dos semanas de anticipación. Porras sostiene que su propuesta requiere únicamente siete días de aviso.
Cobiella también advirtió que ICE podría interpretar una eventual retirada del convenio como un incumplimiento de las obligaciones municipales. Como antecedentes, mencionó conflictos similares en Key West, Fort Myers, Orlando y Tampa.
La concejal rechazó estos argumentos y afirmó que analiza opciones legales para conseguir que el Concejo discuta el asunto públicamente.
Preocupación por el impacto migratorio y económico
La controversia ocurre mientras las políticas migratorias federales afectan a numerosos residentes de Doral, especialmente a su amplia comunidad venezolana.
Tras la pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en noviembre de 2025, algunos negocios reportaron caídas de ingresos de entre 40% y 70%, según Truthout y CBS Miami. También cerraron restaurantes y se cancelaron eventos como el Oktoberfest.
Porras explicó que presentó su iniciativa después de conversar durante semanas con residentes preocupados por la situación. La alcaldesa Christi Fraga, por su parte, había reconocido las dificultades provocadas por la pérdida del TPS, aunque sostuvo que la ciudad tenía limitaciones para modificar el acuerdo.
El conflicto surge después de que los demócratas obtuvieran una amplia ventaja electoral en la ciudad, donde Donald Trump había ganado por 22 puntos dos años antes.
Pese a las advertencias legales, Cobiella reconoció que el municipio todavía no ha implementado el convenio 287(g), pues no ha capacitado agentes ni realizado operativos migratorios bajo ese acuerdo.
