En un año donde la tendencia nacional parecía apuntar hacia la reducción de ejecuciones, Florida adoptó una dirección contraria. Con seis ejecuciones estatales autorizadas hasta diciembre de 2025, este estado se convirtió en uno de los principales motores del aumento de la pena de muerte en Estados Unidos, según el más reciente informe del Death Penalty Information Center.
Texas continúa liderando en cifras absolutas, pero Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, se ha colocado en el centro del debate al reactivar mecanismos legales que facilitan la condena a muerte, incluso con votaciones no unánimes del jurado. Esta medida, considerada por muchos como regresiva, ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos.
Política penal y percepción internacional
La decisión estatal no solo contrasta con la dirección que han tomado otros estados como California o Illinois, donde las moratorias siguen vigentes, sino que también influye directamente en la percepción internacional sobre el sistema judicial estadounidense. En comunidades como Miami, donde la diversidad cultural es pilar de la vida cotidiana, esta política revive tensiones históricas sobre justicia y equidad.
Además, en un contexto donde la innovación, la inversión extranjera y el espíritu emprendedor definen la imagen global de Florida, este enfoque punitivo genera un contrapunto que puede afectar la confianza institucional.
El informe también resalta una tendencia relevante: la mayoría de las ejecuciones se concentran en un puñado de jurisdicciones. Esto evidencia que, más allá de leyes federales, son decisiones estatales las que definen la aplicación de la pena capital. Y en el caso de Florida, 2025 marcó un punto de inflexión.
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