La reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos ha reavivado una discusión que va más allá de los bienes raíces. Al autorizar la aplicación de la ley que prohíbe a ciudadanos chinos adquirir propiedades en Florida, el fallo no solo marca un precedente legal, sino que también refleja la tensión entre seguridad nacional, derechos individuales y apertura económica.
El tribunal, con sede en Atlanta, determinó que los demandantes —cuatro ciudadanos chinos residentes en Florida— no tenían legitimación procesal para impugnar la ley estatal de 2023, ya que esta se aplica a personas “domiciliadas” en China. Además, desestimó los argumentos de que la norma fuera discriminatoria o contraria a la legislación federal sobre inversiones extranjeras.
Una medida con impacto más allá de Florida
La ley, promovida en nombre de la seguridad nacional, obliga a los ciudadanos chinos que ya poseen bienes en el estado a registrarlos ante las autoridades. Para sus defensores, representa una medida preventiva ante posibles riesgos estratégicos. Sin embargo, críticos y organizaciones civiles advierten que abre la puerta a una nueva ola de restricciones que podrían extenderse a otros estados.
Más de 30 legislaturas locales han considerado proyectos similares, lo que indica una tendencia creciente hacia el control de la propiedad extranjera, especialmente en territorios con relevancia económica o agrícola. En consecuencia, este fallo podría servir como modelo jurídico para futuras regulaciones.
Por otro lado, sectores empresariales han manifestado preocupación por los efectos económicos que podría tener esta medida. Florida es uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de Estados Unidos, con un alto flujo de inversión extranjera que contribuye significativamente al crecimiento local. Limitar ese flujo podría alterar el equilibrio entre protección nacional y competitividad global.
La decisión judicial, firmada por el juez Robert Luck, subraya que la ley responde a “preocupaciones relativas a la seguridad nacional, territorial y alimentaria”. Mientras tanto, el debate sigue abierto sobre si proteger el territorio debe implicar cerrar las puertas a quienes han encontrado en Florida un lugar para vivir y emprender.
