El Gobierno de Donald Trump ordenó a los consulados estadounidenses suspender temporalmente el procesamiento de visas de inmigrante en todo el mundo. La medida permanecerá vigente mientras el Departamento de Estado capacita a su personal para reforzar la evaluación de los solicitantes.

La instrucción incluye una revisión más profunda para determinar si una persona podría convertirse en una “carga pública” o depender de programas de asistencia social después de ingresar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado explicó que busca garantizar que los funcionarios consulares puedan evaluar cada solicitud de manera “integral y coherente”. Las visas de inmigrante permiten eventualmente obtener la residencia permanente o green card y abarcan categorías por vínculos familiares, empleo y otros mecanismos legales.

Las autoridades cancelaron las entrevistas que ya estaban programadas y señalaron que las reprogramarán cuando reanuden los procedimientos. Hasta ahora, el Gobierno no ha establecido una fecha para terminar la suspensión.

Qué visas quedan fuera de la suspensión

La pausa no afecta los documentos para viajes temporales de turismo o negocios, considerados visas de no inmigrante. Tampoco modifica el procesamiento de las H-1B para determinados trabajadores especializados.

La nueva decisión llega después de que una jueza anulara una política de la Administración Trump que había detenido la tramitación para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia, Brasil, Uruguay y Cuba. La magistrada consideró que aquella restricción basada en la nacionalidad excedía la autoridad del secretario de Estado y vulneraba la legislación federal migratoria.

A diferencia de esa medida, la suspensión actual se aplica globalmente mientras avanza la capacitación consular.

Gobierno también prepara nuevas revocaciones

La Administración Trump también planea retirar documentos de no inmigrante a extranjeros que ingresaron como visitantes temporales y posteriormente solicitaron asilo.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, sostuvo que obtener un permiso de entrada con la intención previa de pedir asilo puede constituir fraude y justificar su revocación.

La revisión alcanzaría visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente solicitaron asilo o mantienen una petición en curso. Medios estadounidenses estiman que alrededor de 200,000 documentos podrían resultar afectados.

El Departamento de Estado informó además a principios de agosto que había revocado más de 175,000 documentos de extranjeros por diferentes motivos, entre ellos incumplimientos de sus condiciones migratorias, delitos, fraude o riesgos para la seguridad nacional.

La política forma parte del endurecimiento migratorio impulsado por Trump, que también ha reforzado las deportaciones y los controles para limitar la permanencia irregular de extranjeros en el país.

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