El desencanto recorre Florida. A un año de las elecciones presidenciales, muchos votantes que respaldaron a Donald Trump en 2024 viven las consecuencias directas de sus políticas. El cierre prolongado del Gobierno federal, los recortes a programas sociales y una inflación persistente han golpeado con fuerza a miles de familias, especialmente en Miami-Dade, donde el apoyo latino fue decisivo para el triunfo republicano.
En este contexto, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se ha convertido en un símbolo del malestar. Más de medio millón de personas dependen de esta ayuda en el condado. La posible suspensión de los beneficios ha puesto en jaque la estabilidad alimentaria de muchos hogares. Además, las largas filas en los bancos de comida reflejan un panorama de incertidumbre que trasciende la política.
Trump, SNAP y el costo social del desencanto
Entre los rostros de esa crisis está Alexis Maria, madre soltera de West Palm Beach. Votó por Trump con la esperanza de mejorar su economía, pero hoy dice sentirse “enojada con mi presidente”. Con dos hijos y un empleo a tiempo completo, depende de los cupones de alimentos para llegar a fin de mes. “Los precios suben, los salarios no. Pensé que todo mejoraría, pero ahora apenas respiro con lo que gano”, afirma.
Casos como el suyo ilustran el impacto de los recortes federales y el cierre gubernamental, que ya supera un mes. En el Congreso, republicanos y demócratas se culpan mutuamente por el estancamiento del presupuesto. Por otro lado, el debate sobre salud y migración agita los ánimos de un electorado que se siente usado como instrumento político.
En consecuencia, figuras como la activista Vanessa Brito denuncian que la población “vive entre la confusión y el miedo”. Para ella, ambos partidos se alejaron de las necesidades reales de la gente.
También persiste el desencanto entre votantes que alguna vez defendieron al presidente. Algunos reconocen su error; otros aún lo respaldan por convicción ideológica. En ambos casos, el desgaste es evidente. Mientras tanto, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pide usar fondos de emergencia para sostener programas de alimentación, vivienda y salud, conscientes de que el costo político y humano del cierre crece cada día.
Detrás del debate político hay un hecho claro: cerca del 24% de los hogares de Miami-Dade dependen de SNAP. Ese dato, más que cualquier discurso, muestra la distancia entre las promesas y la realidad que viven miles de familias en el sur de Florida.
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