Silencio en torno a más de 114,000 personas desaparecidas en México ha cruzado fronteras. Desde Ginebra, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas lanzó un mensaje contundente: el país no puede permitirse retroceder en la búsqueda de verdad y justicia. Esta declaración llega luego de que el gobierno mexicano cuestionara públicamente el conteo de desaparecidos, aludiendo a posibles inconsistencias sin ofrecer alternativas verificadas.
La revisión del registro nacional anunciada por las autoridades en 2024 ha generado preocupación entre colectivos de búsqueda y organismos internacionales. El temor compartido es que, en lugar de corregir errores, se minimicen las dimensiones reales de una tragedia que afecta a miles de familias en todo el territorio mexicano. Para el Comité de la ONU, la transparencia y la participación de las víctimas son condiciones no negociables.
Críticas a la revisión del registro nacional
Por otro lado, el Estado mexicano asegura estar revisando casos con el fin de depurar duplicaciones y actualizar información. Sin embargo, la falta de claridad sobre los métodos utilizados y la exclusión de expertos independientes ha debilitado la confianza ciudadana. En consecuencia, la comunidad internacional ha pedido a México adoptar estándares rigurosos y respetar su compromiso con los derechos humanos.
Además, la creciente presión social, reflejada en marchas, denuncias públicas y presencia constante de madres buscadoras, ha impedido que este drama se normalice.
En septiembre de 2025, el Comité de la ONU recordó que México es el país con más casos registrados de desapariciones forzadas en América Latina desde 2020, superando a naciones en conflicto armado. Esta cifra subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales, no de diluirlos.
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