La incertidumbre migratoria volvió a tensionar a comunidades enteras en Estados Unidos. Líderes religiosos, empresariales y políticos del sur de Florida alzaron la voz para exigir la continuidad del TPS que protege a miles de inmigrantes haitianos.
El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional encendió las alarmas tras confirmar el fin del Estatus de Protección Temporal para casi 350 mil haitianos a partir de febrero. La decisión amenaza con afectar de forma directa a familias, empleadores y servicios esenciales en Florida.
El TPS sostiene empleo y estabilidad comunitaria en Florida
Además, organizaciones como ABIC Action convocaron una conferencia de prensa en Miami Shores junto a líderes religiosos y legisladores federales. El objetivo fue advertir sobre el impacto económico y social que provocaría la cancelación del TPS en la región.
Más de 113 mil beneficiarios del TPS forman parte activa de la fuerza laboral de Florida. Muchos trabajan en sectores estratégicos como salud, cuidado de adultos mayores y servicios comunitarios. Representantes empresariales subrayaron que estos trabajadores sostienen funciones clave difíciles de reemplazar.
Asimismo, los organizadores recordaron que los beneficiarios del TPS aportan miles de millones de dólares en impuestos estatales y locales. Decenas de miles también participan en el mercado inmobiliario como propietarios, lo que refuerza la estabilidad de barrios enteros.
La seguridad en Haití sigue en duda
Por otro lado, la decisión federal contrastó con advertencias oficiales vigentes sobre la situación en Haití. El Departamento de Estado mantiene una alerta de viaje que describe secuestros, violencia armada, colapso institucional y acceso limitado a servicios de salud.
Activistas migratorios advirtieron que el retorno forzado expondría a miles de personas a un entorno inseguro. También alertaron sobre el impacto en la atención a adultos mayores, un sector ya presionado por la escasez de cuidadores.
Datos de organizaciones empresariales muestran que los trabajadores con TPS representan una proporción significativa del personal no ciudadano en el sistema de cuidados. La pérdida de esta fuerza laboral profundizaría una crisis demográfica marcada por el envejecimiento acelerado de la población.
