La política migratoria de Florida volvió al centro del debate fiscal tras revelarse el costo real de las medidas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Durante los últimos tres años, la administración estatal destinó 573 millones de dólares del fondo de respuesta a emergencias para operaciones relacionadas con inmigración, sin recibir hasta ahora reembolsos federales.
El dato surge de un informe entregado a la Legislatura estatal, donde se detalla el uso de recursos extraordinarios creados en 2022 para atender emergencias sin requerir aprobación legislativa previa. Aunque el gobierno federal autorizó en 2025 una solicitud por más de 600 millones de dólares, Florida no ha recibido ningún pago efectivo.
Además, el reporte señala que estas acciones se desarrollaron bajo la declaración de emergencia emitida en enero de 2023, tras el arribo de migrantes cubanos y haitianos a las costas del sur de Florida. Esa decisión permitió ampliar la vigilancia aérea, contratar proveedores sin licitación y construir el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz en los Everglades.
DeSantis amplía el gasto bajo emergencia migratoria
El informe indica que la operación migratoria, denominada Vigilant Sentry, representa el tercer mayor gasto del fondo, solo detrás de la respuesta a los huracanes Ian y Milton. En total, la administración de DeSantis utilizó más de 6,500 millones de dólares desde la creación del fondo, con 5,800 millones dirigidos a desastres naturales.
Asimismo, el documento detalla la compra de activos por 29 millones de dólares en 2025, incluidos sistemas de cámaras de alta tecnología para aeronaves estatales y cientos de radios portátiles. Sin embargo, no ofrece un desglose completo de los costos asociados a Alligator Alcatraz, cuya construcción fue estimada previamente en 450 millones de dólares.
Por otro lado, legisladores de ambos partidos expresaron preocupación por la falta de transparencia y por el uso de fondos estatales en asuntos de competencia federal. Datos oficiales confirman que el fondo de emergencia vencerá este mes, aunque el Congreso estatal analiza extender su vigencia hasta 2027.
