Una nueva investigación periodística vuelve a poner bajo escrutinio la transparencia del gasto público en México. El País reveló que el Gobierno mexicano otorgó 190 contratos públicos a una red de empresas vinculadas con Los Chapitos, grupo ligado al Cártel de Sinaloa encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los documentos analizados muestran que las compañías beneficiadas recibieron recursos estatales y municipales entre 2018 y 2024, incluso después de haber sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. La trama alcanza millones de pesos en obras públicas, suministros y servicios.
Transparencia y supervisión empresarial en entredicho
El informe detalla que la red operaba principalmente en Sonora, Sinaloa y Baja California, regiones con fuerte presencia del grupo criminal. A través de intermediarios y cambios de razón social, las empresas lograron mantener su participación en licitaciones pese a sanciones internacionales.
Además, expertos consultados destacan que este caso evidencia fallas en los mecanismos de control y verificación de contratos públicos. También subrayan la urgencia de fortalecer auditorías independientes y sistemas digitales de seguimiento para prevenir la captura institucional por redes ilícitas.
Por otro lado, la noticia reaviva el debate sobre cómo la corrupción y la falta de supervisión afectan la competitividad y la confianza empresarial en América Latina.
De acuerdo con los datos oficiales revisados, más de 40 dependencias mexicanas contrataron con estas empresas, cubriendo rubros que van desde construcción de infraestructura hasta la compra de equipo médico. El caso subraya la necesidad de rediseñar las estrategias de control interno y de reforzar la cultura de cumplimiento en la gestión pública.
