El desahucio de una mujer de 87 años de la vivienda donde residió durante siete décadas generó protestas este miércoles en Madrid y reavivó el debate sobre el encarecimiento de la vivienda en España.
Maricarmen vivía desde 1956 en un apartamento de 92 metros cuadrados del barrio de Retiro. El contrato original pertenecía a su padre y posteriormente pasó a su madre y a ella bajo el régimen conocido en España como renta antigua.
Desahucio ocurre tras varios intentos aplazados
La mujer pagaba 500 euros mensuales, unos 590 dólares, pero la propietaria consideraba terminado el antiguo contrato. Inicialmente reclamó 2,650 euros al mes y posteriormente propuso una renta de 1,650 euros. Maricarmen recibe una pensión mensual de 1,350 euros.
Tras varios años de litigio, los tribunales respaldaron a la empresa propietaria. Tres desalojos anteriores quedaron aplazados, pero este 23 de septiembre la comisión judicial ingresó al apartamento y ejecutó la orden.
Maricarmen, quien tiene movilidad reducida y una discapacidad del 50%, abandonó el edificio en camilla. Una ambulancia la trasladó al hospital Gregorio Marañón para una revisión y posteriormente se alojó con familiares.
El caso refleja la presión sobre la vivienda en Madrid
Cientos de personas se concentraron alrededor del inmueble para intentar impedir el desalojo. La policía retiró a manifestantes de la entrada para permitir el cumplimiento de la resolución judicial.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había solicitado en junio suspender el procedimiento mientras examinaba el caso o proporcionar una alternativa adecuada.
El episodio ocurre mientras Madrid enfrenta un fuerte incremento en los alquileres. Los precios anunciados alcanzaron 23.3 euros por metro cuadrado en agosto, frente a 12.8 euros una década antes.
El Banco de España calcula además que entre 2021 y 2025 se construyeron unas 750,000 viviendas menos de las necesarias para responder a la demanda.
El Gobierno español atribuye parte del problema a la especulación inmobiliaria. Otros especialistas sostienen que aumentar la oferta de viviendas y mejorar la seguridad jurídica también resulta necesario para aliviar la presión sobre el mercado.
