La naturaleza no espera. En Veracruz, la decisión de la gobernadora Rocío Nahle de no renovar el seguro contra desastres naturales dejó a miles de familias sin protección. El contrato, vigente hasta mayo de 2025, había sido solicitado por la administración anterior para cubrir daños por huracanes, lluvias, sismos o deslaves.
El cambio ocurrió en medio de lluvias históricas y alertas por inundaciones. Aun así, el gobierno estatal decidió no extender la póliza con la aseguradora BX+, que garantizaba la atención a damnificados y la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública. Desde junio, la entidad enfrenta las consecuencias sin respaldo legal ni financiero.
Una aseguradora sin alcance social
En lugar de renovar el seguro, Rocío Nahle creó la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales, un organismo público que solo protege los bienes del propio gobierno y a los trabajadores estatales. El decreto oficial, con folio 0677, excluye a la población civil de cualquier tipo de cobertura ante desastres.
El analista financiero Juan Pastrana calificó la medida como una “negligencia”. Explicó que se trata de un error comparable a conducir un vehículo sin seguro. También cuestionó si la decisión responde a un experimento político o a una estrategia sin sustento financiero, pues la nueva aseguradora carece de presupuesto, reglas de operación y capacidad de respuesta.
Por otro lado, la gobernadora aseguró que el estado cuenta con un fideicomiso para atender emergencias. Sin embargo, los recientes desbordamientos de ríos y deslaves demostraron todo lo contrario. Las comunidades más afectadas permanecen incomunicadas y sin apoyo directo.
Hasta ahora, las autoridades han confirmado 37 municipios con daños severos, 32 personas fallecidas y 14 desaparecidas. Veracruz se mantiene como el estado con mayores afectaciones por lluvias en todo el país.
