Colombia se retiró de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza internacional dedicada a promover los derechos LGBTI, mientras ejercía la copresidencia junto con España. La decisión entró en vigor el 17 de septiembre y puso fin anticipadamente a la participación colombiana en la dirección del mecanismo.
La Cancillería explicó que tomó la determinación después de un análisis que concluyó que permanecer en la coalición no constituye una prioridad para la política exterior del actual Gobierno. El viceministro Pedro Agustín Roa sostuvo que la salida no modifica las protecciones existentes en Colombia.
Derechos LGBTI quedan fuera de esta alianza internacional
Colombia compartía con España la copresidencia para el periodo 2025-2027. La Coalición reúne a decenas de gobiernos y organizaciones civiles para trabajar en diplomacia, políticas públicas, cooperación y protección humanitaria de personas LGBTIQ+.
Roa afirmó que la Constitución, las políticas públicas, las normas vigentes y diferentes sentencias de la Corte Constitucional mantienen las garantías para las minorías por orientación sexual. Por tanto, la Cancillería sostiene que abandonar el mecanismo internacional no implica reducir esos derechos.
Organizaciones cuestionan la decisión del Gobierno
Caribe Afirmativo, organización que acompañaba la representación colombiana desde la sociedad civil, rechazó el retiro. A su juicio, Colombia abandona anticipadamente una responsabilidad internacional y debilita el liderazgo que había construido en esta materia.
Su director, Wilson Castañeda, señaló que la adhesión había requerido años de trabajo con diferentes administraciones. La organización también pidió al Gobierno explicar qué lugar tendrá la agenda de igualdad dentro de su política exterior.
La decisión ocurre además en medio de un debate nacional sobre políticas dirigidas a personas trans. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó recientemente una iniciativa legislativa que pretende restringir determinados tratamientos de afirmación de género para menores. Sus promotores y organizaciones defensoras de derechos mantienen posiciones enfrentadas sobre sus alcances.
