El gobierno de Nayib Bukele promociona playas, volcanes y seguridad turística, mientras organizaciones civiles denuncian un deterioro profundo de las libertades públicas. La imagen internacional de El Salvador contrasta con reclamos por detenciones arbitrarias, restricciones al trabajo social y señalamientos contra el régimen de excepción.
Uno de los casos más citados es el de Ruth López, abogada de Cristosal y jefa de su unidad anticorrupción. Su detención cumplió un año el 18 de mayo, pese a que las autoridades habían hablado de un arresto provisional de seis meses.
El Salvador reduce el espacio cívico
Organizaciones internacionales han pedido la libertad incondicional de López ante la falta de pruebas públicas. Además, relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre obstáculos para su defensa y un patrón de presión contra voces críticas.
Cristosal sostiene que decenas de miles de personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción. También denunció que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles ya no operan con seguridad dentro del país.
La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros agravó esas preocupaciones. La norma impone un impuesto del 30 % a fondos de cooperación exterior y complica el registro de organizaciones sociales.
Turismo, minería y denuncias internacionales
El contraste también alcanza la política ambiental. En 2017, el país prohibió por unanimidad la minería metálica, pero la Asamblea controlada por Bukele aprobó en diciembre de 2024 una nueva ley que permite esa actividad.
Grupos ambientalistas advierten que la minería puede agravar la escasez de agua, la deforestación y la contaminación. Además, recuerdan que encuestas de 2007, 2015 y 2024 mostraron rechazo mayoritario a esa industria.
El gobierno mantiene su campaña turística y destaca récords de visitantes gracias a la seguridad. Sin embargo, las denuncias por prisiones, debido proceso y persecución política siguen marcando el debate internacional.
