Florida aprobó una de las reformas más amplias sobre protección en campus universitarios desde la tragedia de Parkland. El gobernador Ron DeSantis firmó esta semana una nueva ley de seguridad escolar que permitirá a guardianes entrenados portar armas dentro de universidades y colegios públicos del estado.
La medida, identificada como HB 757, fue presentada oficialmente durante un evento realizado en Miami junto al comisionado estatal de educación Anastasios “Stasi” Kamoutsas y representantes del sistema educativo de Florida.
Ley de seguridad escolar amplía programa armado
La nueva ley de seguridad escolar surge como respuesta al tiroteo ocurrido en Florida State University durante 2025, donde dos personas murieron y otras seis resultaron heridas.
Asimismo, la legislación extiende a universidades públicas el programa de guardianes previamente implementado en escuelas K-12 después del ataque de 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School.
La representante Michelle Salzman explicó que el proyecto combina prevención, entrenamiento de salud mental y protocolos de respuesta rápida. Además, cada institución podrá decidir voluntariamente si participa o no dentro del programa armado.
Los sheriffs de cada condado serán responsables de coordinar entrenamientos psicológicos, manejo de armas, desescalamiento de conflictos y evaluaciones anuales para los guardianes autorizados.
Florida implementará nuevos protocolos universitarios
La ley de seguridad escolar también obligará a universidades y colegios públicos a fortalecer sus sistemas de alerta y crear equipos especializados para detectar amenazas potenciales dentro de campus educativos.
Por otro lado, las instituciones deberán actualizar planes de emergencia y establecer procedimientos de reunificación familiar durante situaciones críticas.
El gobernador DeSantis defendió públicamente la iniciativa y aseguró que la presencia de guardianes entrenados podría reducir tiempos de respuesta frente a posibles ataques armados.
Sin embargo, críticos de la nueva ley de seguridad escolar advirtieron que aumentar la cantidad de personas armadas dentro de universidades podría generar confusión durante emergencias y elevar riesgos accidentales.
Los legisladores estatales prevén revisar nuevamente la implementación del programa durante la próxima sesión legislativa para analizar posibles ajustes y resultados iniciales.
