Varios migrantes deportados desde Estados Unidos a la República Centroafricana aseguran que permanecen en un limbo migratorio en Bangui, sin documentos para abandonar el país y con procesos legales todavía abiertos ante tribunales estadounidenses.
Entre ellos hay ciudadanos cubanos y nicaragüenses que afirman que las autoridades no les permitieron explicar adecuadamente su temor a ser enviados a un tercer país. Casos similares ya habían generado cuestionamientos sobre este tipo de traslados.
Deportados aseguran que siguen sin poder salir de Bangui
Aristides Fernández, uno de los migrantes entrevistados, afirmó que no cuenta con una orden tradicional de deportación hacia ese destino. También señaló que carece de pasaporte o visa para abandonar la República Centroafricana.
Kenis López sostuvo que mantiene activo un recurso de habeas corpus. Otros integrantes del grupo denunciaron problemas de salud, restricciones y falta de información sobre su situación migratoria.
Erick Cruz aseguró que encontró personas con malaria y otras enfermedades. Yasmani Moreno, por su parte, comparó el centro donde permanecen con una prisión estadounidense y afirmó que los responsables revisan las camas de los detenidos.
Los migrantes también cuestionaron el proceso previo al traslado. Cruz dijo que las autoridades no le realizaron una entrevista para que pudiera explicar sus temores antes de enviarlo a África.
Tribunales revisan deportaciones hacia terceros países
La situación coincide con una disputa judicial sobre la política del Gobierno de Donald Trump para enviar migrantes a países distintos de los establecidos originalmente en sus procesos.
El 18 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito determinó que determinados migrantes deben recibir una notificación efectiva y una oportunidad real para plantear temores de persecución o tortura antes de que las autoridades los envíen a un tercer país.
La administración Trump recurrió nuevamente a la Corte Suprema. El Departamento de Seguridad Nacional presentó una solicitud de emergencia para intentar suspender esa decisión.
El abogado de inmigración Willy Allen explicó que cualquier persona que enfrente un traslado hacia un tercer país debe poder presentar argumentos antes de que el Gobierno ejecute la medida.
Mientras los tribunales revisan esta política, los migrantes entrevistados esperan regresar a Estados Unidos y reencontrarse con sus familias.
Henry Alique aseguró que tiene dos hijos en Estados Unidos y que todavía no conoce personalmente al menor.
