Florida avanzó en su agenda migratoria con la aprobación de un proyecto de ley que endurece los requisitos para empleadores en todo el estado. La medida refuerza el uso obligatorio de herramientas federales para verificar la elegibilidad laboral.
La Cámara de Representantes estatal avaló la propuesta que exige a empresas de cualquier tamaño utilizar el sistema E Verify para confirmar que sus empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. El debate se desarrolla en un contexto de creciente presión política sobre la inmigración.
Proyecto de ley amplía obligación de verificación a más empresas
El proyecto de ley extiende una norma aprobada en 2023 que solo aplicaba a empleadores públicos y compañías privadas con más de veinticinco trabajadores. Con el nuevo alcance, pequeños negocios también deberán cumplir con la verificación migratoria.
Asimismo, la iniciativa se suma a otras propuestas que buscan fortalecer la cooperación entre autoridades locales y agencias federales. Legisladores republicanos sostienen que el estado debe respaldar de forma activa la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El proyecto ahora pasa al Senado estatal, donde aún enfrenta incertidumbre sobre su aprobación final. Sin embargo, líderes legislativos adelantaron que el tema seguirá siendo prioritario durante la sesión en curso.
Posturas divididas dentro del liderazgo estatal
Funcionarios del gabinete del gobernador defendieron el endurecimiento de medidas migratorias. Argumentaron que Florida puede avanzar aún más en el control del empleo irregular y en la supervisión de actividades comerciales.
Por otro lado, algunas voces republicanas expresaron inquietudes sobre posibles errores derivados de la aplicación simultánea de múltiples políticas. Legisladores advirtieron que personas sin antecedentes criminales podrían verse afectadas por el ritmo acelerado de los cambios.
Datos oficiales indican que Florida mantiene una de las políticas estatales más estrictas en materia migratoria, posicionándose como referente nacional en el debate sobre control laboral y cooperación con autoridades federales.
