La captura de Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, acusado de participar en un esquema de desvío de recursos públicos en México, marca un nuevo capítulo en un caso de corrupción con alcance internacional. El abogado fiscalista, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, permanece recluido en el centro migratorio Krome North, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La detención abre la puerta para que el Gobierno de México solicite su extradición, tras años de investigaciones que lo vinculan a una red de lavado de dinero y malversación de fondos. Desde 2021, la pareja figuraba en la lista roja de Interpol por presuntamente desviar casi 3.000 millones de pesos de contratos públicos hacia empresas fantasma.
Álvarez Puga y la red que operó desde Miami
Las autoridades mexicanas documentaron que el entramado fue diseñado desde el despacho Álvarez Puga & Asociados, fundado por Víctor Manuel y su hermano Alejandro. Entre 2016 y 2017, la red habría creado compañías ficticias para obtener contratos de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces parte del círculo cercano de Enrique Peña Nieto.
Las empresas, sin infraestructura ni personal real, simularon ofrecer servicios de seguridad en reclusorios. Los fondos, en lugar de aplicarse en las mejoras prometidas, terminaron en cuentas ligadas a los socios y beneficiarios del esquema.
Por otro lado, el matrimonio vivió en Estados Unidos en propiedades de lujo mientras sus cuentas en México permanecían congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Aun así, lograron reactivar parte de sus recursos mediante amparos judiciales.
La detención de Álvarez Puga coincide con un repunte en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos. Casos como el de Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, muestran cómo los procesos migratorios pueden transformarse en vías legales para el retorno de acusados por delitos financieros.
